viernes, 14 de noviembre de 2014

De mal en peor: La odisea jurídica de la población haitiana en República Dominicana

Nuevamente, como ya hicimos en otra ocasión, queremos compartir con vosotros un artículo escrito por el Padre Juan Manuel Camacho, miembro de la Comunidad de San Pablo y responsable de proyectos en Sabana Yegua, en donde nos da testimonio sobre cual sigue siendo la situación de la población haitiana en Dominicana, a los que una sentencia del Tribunal Constitucional negó en su día el derecho a la nacionalidad.

"Desde septiembre de 2013 los dominicanos de ascendencia haitiana han luchado para poder recuperar su derecho a la nacionalidad, que les fue negado por el gobierno dominicano mediante la sentencia del Tribunal Constitucional 168/13 (de la que en su día ya informamos ampliamente en este blog). Al cabo de varios meses de disputa, la solidaridad de muchos en el país y la presión de la comunidad internacional sensibilizó al gobierno dominicano para que promoviera la ley 169/14, que establece un plan de regularización de inmigrantes indocumentados dentro del territorio dominicano y un plan de naturalización para todas aquellas personas nacidas en el territorio nacional e inscritas irregularmente en el Registro Civil dominicano.  Con esta ley se abría la posibilidad para que los nacionales haitianos que están de manera irregular en el país se regularizaran, y para que los dominicanos de ascendencia haitiana pudieran acceder a la nacionalidad dominicana. La nueva ley, pues, era un gran logro que muchos celebramos con alegría: la vimos como un acto de buena voluntad por parte del gobierno dominicano, al promulgar una normativa que tenía los componentes para mejorar la situación de todos aquellos que estaban en un limbo legal a causa de la Sentencia del Tribunal Constitucional 168/13.

Poco sabíamos lo que nos esperaba en los meses venideros: una vez se empezó el proceso de regularización y naturalización, algunas oficinas del gobierno dominicano empezaron a funcionar con agilidad, pero no así muchas otras. Hoy día hay provincias del país en las que la simple verdad es que no se está llevando a cabo lo que la ley 169/14 establece. En otras se han ido agregando modificaciones y notas a pie de página a dicha ley, a fin de complicar las cosas. Diversas oficinas provinciales han determinado pedir y gestionar requisitos nuevos, que no estaban contemplados en lo establecido por la ley: este es el caso de la oficina de Azua, provincia del sur de República Dominicana en la que la Comunidad de San Pablo trabaja desde el año 2003.

Además, la mayoría de los nacionales haitianos que habitan en esta zona no cuentan con ningún documento de identidad de su país, y éstos son requisito indispensable para poder regularizar su situación en República Dominicana. La gestión de dichos documentos ronda los 160 euros para poder obtenerlos en cualquier consulado u oficina del gobierno de Haití. Muchos de los haitianos no pueden pagar esa cantidad de dinero. El gobierno dominicano,  con la comunidad internacional, presionó al gobierno de Haití para que les facilitara la gestión de dichos documentos a sus nacionales, de manera que pudieran regularizar su situación en Dominicana.

Meses más tarde el gobierno haitiano estableció el Programa de Identificación y Documentación para los Inmigrantes Haitianos en República Dominicana (PIDIH), que se compromete a proveer los tres documentos de identidad indispensables: acta de nacimiento, cédula de ciudadanía y pasaporte, por el valor de 20 euros. Una vez más, muchos nos alegramos de lo parecía un nuevo paso para poder avanzar en el proceso. Pero para nuestra tristeza y sorpresa hoy, tres meses más tarde, las cosas no están funcionando como se esperaba. Desde la parroquia La Sagrada Familia estamos en contacto con la embajada haitiana en Santo Domingo y ha sido imposible obtener de ellos una respuesta clara acerca de cuándo se podrán gestionar los documentos requeridos. Cada llamada y visita hecha se encuentra con excusas y dilaciones que ya han colmado la paciencia de unos y desilusionado la esperanza de otros. Es triste ver, en definitiva, como el pueblo haitiano que reside en Dominicana va quedando cada vez más desengañado tanto de las autoridades de su propio país como de las de la República Dominicana. Parece que haya muy poca voluntad de cambio por parte de las autoridades tanto dominicanas como haitianas. Por nuestra parte continuaremos acompañando a la empobrecida y desesperanzada población de inmigrantes haitianos en Santo Domingo, pero va siendo cada vez más difícil no perder la esperanza. Parecería, en efecto, que esta absurda odisea jurídica no tiene fin".



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